Análisis FAES | Cuba y la Unión Europea

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19 de diciembre de 2016

"El VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado del 16 al 19 de abril de este año, sirvió para evidenciar una vez más que la vocación de cambio o apertura democrática del régimen es, sencillamente, nula. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional documentó el pasado año 8.616 detenciones por motivos políticos, cifra ya superada en 2016 durante la mayor oleada represiva desde la Primavera Negra de 2003. En la actualidad continúan 93 presos políticos en las cárceles cubanas. El informe 2015/16 de Amnistía Internacional menciona expresamente las fuertes restricciones de la libertad de expresión, asociación y circulación, y habla de miles de casos de hostigamiento y detenciones arbitrarias de personas críticas con el gobierno, especialmente durante las visitas de Barack Obama y Su Santidad el papa Francisco, y en los días posteriores al fallecimiento del dictador Fidel Castro.

Todos los grupos organizados de la disidencia, sin excepción, han sufrido este hostigamiento, como atestiguan los testimonios de las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba o el Movimiento Cristiano de Liberación, o las agresiones sufridas por disidentes como Eduardo Cardet, Guillermo Fariñas o Reinaldo Escobar. Reporteros Sin Fronteras ha calificado a Fidel Castro como "depredador de la libertad de prensa" en la nota emitida con motivo de su muerte y sitúa a Cuba en la posición 171 de su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa entre los 180 países del mundo, dos puestos por debajo del año anterior. Incluso un enviado de RTVE fue retenido contra su voluntad hace unos días. Todas las informaciones confirman que el hostigamiento, el acoso y las detenciones arbitrarias continúan. Ayer domingo, una decena de miembros de la Unión Patriótica de Cuba en las ciudades de La Habana, Santiago, Palma Soriano y Palmarito de Canto fueron detenidos y sus domicilios allanados. Entre los detenidos figuraba el coordinador general de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, quien antes de ser puesto en libertad fue advertido por supuestos delitos de desorden público, desacato, atentado y espionaje.

En estas circunstancias, que no son coyunturales sino que constituyen la esencia totalitaria y represora del castrismo, la Unión Europea ha suscrito finalmente el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba. La UE se sitúa en la estela de la administración Obama y su normalización diplomática con La Habana. En ambos casos se expresa la decisión de promover las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales mientras se evitan las exigencias al castrismo respecto a avances democráticos y respeto a los derechos humanos. Ni en el texto del nuevo acuerdo ni en la intervención de la alta representante y vicepresidenta, Federica Mogherini, durante el acto de la firma hay una mínima mención a la represión sufrida por todos los cubanos, y muy especialmente por unos disidentes y presos de conciencia que empezaron viendo cómo en 2007 se les cerraban las puertas de las embajadas europeas en La Habana y hoy se sienten dejados a su suerte por las principales democracias europeas.

El texto es tan aséptico que resulta perfectamente intercambiable con los acuerdos de la UE con cualquier país plenamente democrático. El compromiso con los derechos humanos vigente desde 1996 cede por tanto la prioridad a los intereses comerciales y económicos, cuyo potencial bajo un régimen comunista se encuentra sin duda sobrevalorado. Podría ocurrir que por preferir el comercio a la democracia, al final no se consiga ni lo uno ni lo otro.  En Cuba no hay cambios que apoyar en un marco de cooperación como el suscrito y el eufemismo que habla de “tímidas reformas” es sólo eso, una forma de negar la realidad. No es de extrañar la satisfacción expresada en ese mismo acto por el canciller Bruno Rodríguez, en nombre de un régimen que necesitaba imperiosamente encontrar recursos adicionales para evitar su colapso tras el fracaso del chavismo en Venezuela.

Pese a todas estas señales de alerta y a las evidencias de inmovilismo, la Unión Europea y sus Estados miembros han considerado oportuno derogar la Posición Común con el fin de omitir las exigencias respecto a los avances en materia de democracia y derechos humanos, lo que, se quiera o no, es un éxito político de la dictadura castrista que, lejos de estimular las reformas, legitima el inmovilismo. Por otra parte, el nuevo acuerdo es tributario del promovido hace unos meses por Barack Obama, que ahora puede verse sometido a revisión por la administración Trump. No hay nada que objetar al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, de la misma manera que ha sido claro y razonable el rechazo de España y la UE a las pretensiones de aplicación extraterritorial de la legislación norteamericana sobre Cuba.

Pero hay que señalar que, tras la euforia inicial, el único resultado visible del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos ha sido un incremento del número de turistas norteamericanos (136.913 en el primer semestre de 2016, frente a 76.183 el año anterior) y la duplicación del precio medio de los alojamientos hoteleros de la isla, lo que a su vez parece haber causado una caída de la demanda en el segundo semestre, como demuestra el hecho de que American Airlines acabe de anunciar la reducción de sus 13 vuelos diarios a 10. En cualquier caso la oleada de turistas norteamericanos está dejando en la isla -y principalmente en manos del régimen, que mantiene un férreo control de la economía- importante recursos, pero en el ámbito democrático no sólo no se han producido avances, sino que las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado un incremento de la represión a lo largo de 2016. Tampoco parece que las dos rondas del Diálogo sobre Derechos Humanos entre la UE y Cuba ni la sucesión de visitas diplomáticas hayan tenido el más mínimo impacto en ese sentido.

Los disidentes y defensores de la libertad tienen que reconocer su soledad en el frente diplomático internacional y mirarse en el espejo de lo ocurrido en Venezuela, donde el diálogo entre los grupos de la oposición integrados en la Mesa de la Unidad Democrática ha permitido concertar las actuaciones de la oposición, responder a la enloquecida deriva del régimen chavista y ofrecer al pueblo venezolano una opción democrática de futuro. Corresponde a los disidentes cubanos de dentro y fuera de la isla hacer un esfuerzo análogo de integración y unidad para construir alianzas y poder presentarse ante los cubanos con una voz única que les legitime como el motor del cambio democrático, también ante la comunidad internacional.

Tal y como ha afirmado Human Rights Watch en uno de sus últimos informes sobre la isla, "sin presión internacional, es improbable que haya cambios". El acuerdo con la UE, aunque entra en vigor en aquellas materias que son competencia de la UE, debe aún ser ratificado por los Estados miembros. Ese proceso de ratificación no debería ser ajeno a los cambios reales, tangibles y rápidos que tienen que producirse en la isla en lo que se refiere al respeto de los derechos y las libertades, y los cauces de expresión política democrática. Si esos cambios no se producen sin dilaciones, los Parlamentos nacionales de la Unión, mediante sus mayorías democráticas, deberían dejar en suspenso la ratificación de un acuerdo que, de lo contrario, sólo servirá para apuntalar un régimen opresivo que está dispuesto a cambiar únicamente lo necesario para que nada cambie”. 

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