Tanta insistencia en que el gobierno de coalición sea reconocido como un gobierno “progresista” indica que esa calificación está lejos de ser clara. Por eso lo repiten a todas horas. Pero no, este Gobierno presidido por Pedro Sánchez no es progresista, ni es progreso lo que puede esperar nuestro país de este Gobierno. Es una unión basada en el interés personal de Sánchez e Iglesias para tapar sus respectivos fracasos electorales. Es un gobierno apoyado por los que quieren hacer de España un Estado fallido, y por quienes denigran a nuestro país y niegan legitimidad a la Constitución y a sus instituciones. Lo apoyan los que han protagonizado las agresiones más graves a nuestro sistema democrático, ya sea el terrorismo etarra –justificado y aplaudido por la Batasuna presente en el Congreso a través de la portavoz de Bildu a la que Sánchez agradeció su apoyo–, ya sea el golpismo independentista del que Sánchez ha hecho depender su futuro negociando con un penado por sedición y malversación. Lo apoyan otras fuerzas provincialistas que, uniéndose a PNV, Bildu, Esquerra Republicana, etc., dan un nuevo sentido a la expresión la ‘España vaciada’. Y lo apoya la mentira personificada en un presidente que ha demostrado carecer de límites en el engaño y que cree que la política es un ejercicio audaz de manipulación. Se supone que muchos votantes del PSOE cuando fueron al colegio electoral tenían en su memoria compromisos como “traer detenido a Puigdemont”, tipificar de nuevo como delito la convocatoria de referendos ilegales o remediar el sectarismo de los medios públicos catalanes. Ninguno de estos compromisos –y otros que no requieren de hemerotecas para recordar– son compromisos banales, ocasionales, sin importancia. Por el contrario, son compromisos que definen una línea de gobierno como la que se proponía. Y no vale decir que los españoles han votado la fragmentación, porque esta existía antes del 10 de noviembre.
Este es el armazón político del Gobierno, la materia de la que está hecho, más allá de los perfiles concretos de algunos de sus miembros cuyo prestigio es de lamentar que será utilizado como coartada para aparentar la moderación y el rigor que están ausentes del proyecto que anima a esta coalición. Los que votaron creyendo que podían confiar en la palabra de Sánchez han podido comprobar hasta qué punto han sido defraudados en su credulidad. El nuevo vicepresidente del Gobierno tiene dicho que ETA y la llamada “izquierda abertzale” fueron los primeros en darse cuenta de que la Transición era un fraude –luego vino él– y su partido, Unidas Podemos, se ha adherido a la manifestación que en Bilbao ha reclamado el acercamiento de los presos de ETA. Aunque bien mirado, ¿por qué no habría de hacerlo si los demás participantes –PNV, Bildu, ERC– son los que han dado la investidura a Sánchez y la vicepresidencia al propio Iglesias? El PSOE y buena parte de la opinión pública ha asumido con una patológica normalidad que el Gobierno de España se negociará con el líder del golpismo independentista catalán, de la misma manera que convierten en normal que el presidente del Gobierno se disponga a reunirse con la solemnidad que requiera la ocasión con el dudoso presidente de la Generalidad, inhabilitado como diputado en el Parlamento de Cataluña en virtud de su condena por desobediencia que prolonga en su permanente desafío a la Justicia.
Pero no todo han sido concesiones políticas a lo más indeseable de la política española: este Gobierno es el resultado de una permanente concesión simbólica al lenguaje, de un espeso silencio ante las enormidades que los portavoces del independentismo han proferido. La inaudita apelación de Sánchez a “desjudicializar” el desafío independentista no puede interpretarse más que como un adelanto de la impunidad que espera a los culpables y que este Gobierno concederá por vías que ahora nos pueden parecer impensables. El credo populista y nacionalista que pone a la “democracia” por encima de la ley es el argumento que Sánchez e Iglesias han demostrado compartir y con ese argumento en su repertorio no habrá límites que reconozcan. El anuncio del nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado parece un anticipo de mal gusto de que lo que realmente encubre la desjudicialización de la política es la politización del poder judicial.
¿Cómo se puede creer a Sánchez cuando dice que no habrá referéndum en Cataluña? Este Gobierno hará todo lo posible para que lo haya, bajo formas más o menos disimuladas, aunque eso rompa la soberanía nacional. Y si no lo hay será porque, una vez más, las instituciones, los frenos y contrapesos del sistema democrático, se logran imponer a los despropósitos de un gobernante. Este Gobierno va a poner un especial empeño en neutralizar a esas instituciones constitucionales y sociales que pueden obstaculizar sus pactos. Por eso, Iglesias lanza advertencias amenazadoras a los “togados”, la portavoz parlamentaria del PSOE descalifica a la máxima autoridad electoral como un órgano “meramente administrativo” y el propio Pedro Sánchez anuncia acciones frente a la desinformación y las ‘fakes news’, abriendo la puerta a la censura en nombre de un rigor informativo que habría que empezar por aplicar a Sánchez mismo. Amenazar a los jueces que el Gobierno tacha de “conservadores”, a la autoridad electoral, a la libertad de prensa, es entrar en una pendiente muy peligrosa para el sistema democrático por la que el Gobierno ha empezado a deslizarse. Porque esas actitudes recuerdan demasiado a las estrategias seguidas por la izquierda populista más radical y autocrática de la que tanto saben en Unidas Podemos. En pocos días se acumulan muchos indicios que apuntan a un empobrecimiento preocupante de nuestra democracia, que hablan de la pretensión por parte de la izquierda radical, con el aval socialista, de hegemonizar la opinión y ahogar los espacios de debate en las instituciones. Nadie puede pensar seriamente que con el protagonismo de los inspiradores del chavismo, los golpistas de Cataluña y quienes siguen sin condenar el terrorismo de ETA, la calidad de la democracia va a mejorar.
Este gobierno –y el mismo Sánchez– es posible porque la izquierda española, empezando por el Partido Socialista, ha hecho una enmienda a la totalidad a la Transición y al pacto constitucional. De Iglesias es conocida su fijación contra lo que llama el “régimen del 78”; ese que, según él, estaba pensado para que un partido como Podemos no pudiera llegar al Gobierno. De Alberto Garzón solo hay que leer el juicio que le merece el papel del Partido Comunista –el suyo– durante la Transición y cómo reprocha a Santiago Carrillo haber legitimado ese proceso. Por su parte, la sesión de investidura ha puesto de manifiesto hasta qué punto Sánchez ha avanzado en el abandono del compromiso constitucional tanto con sus palabras como con sus silencios. A eso conduce la elección de sus socios, la insistencia en la plurinacionalidad que olvida lo que realmente dice el artículo 2 de la Constitución y sus pactos sobre Cataluña, que solo pueden tener cabida –como bien saben los independentistas– en un marco constitucional roto o desnaturalizado, por mucho que hablen de posibles mutaciones de la Constitución.
En estas circunstancias, el papel de la oposición y muy singularmente del Partido Popular no es pequeño ni es fácil. Sobre todo si no se conforma con el rechazo y la resistencia –que será una exigencia frente a lo que viene– y construye una propuesta social y política, renovada y atractiva, que pueda recuperar a los segmentos del electorado que necesitan una alternativa viable a la coalición de izquierda y nacionalista. Una propuesta para este tiempo en el que España se encuentra apremiada por la necesidad de poner en juego todo su potencial humano, económico y cultural. Una alianza con la sociedad civil. Una propuesta que debe recuperar oportunidades y expectativas reales para tantos españoles que quieren pensar seriamente en su futuro y en el de sus hijos, y que no van a encontrar en el sectarismo de este Gobierno las soluciones que buscan.
Un papel de liderazgo que debe asumir que toda labor eficaz de oposición será tachada de “crispadora”, pero que ninguno de sus acusadores tendrá la honradez intelectual de decir eso mirando a las compañías de Pedro Sánchez. Que deberá diferenciar entre sinceras propuestas de auténticos pactos de Estado de lo que resulten ser ofertas trucadas para neutralizar a la oposición. Que tendrá que liderar un verdadero sentido nacional fiel a la Constitución en su letra y en su espíritu, desde el éxito histórico de nuestro sistema de convivencia, consciente de que hasta el presente las amenazas al sistema democrático han venido siempre desde fuera, pero ahora los que aspiran a desmantelarlo lo pueden hacer desde dentro contando con una obsequiosidad agradecida como la que Sánchez dispensó a la portavoz batasuna en la sesión de investidura. Y un liderazgo en la oposición que tendrá, sobre todo, que confiar en la mayoría de la sociedad española a la que tiene que dirigirse con la profunda firmeza de la moderación frente al extremismo en el que se radica y que alimenta a este Gobierno.
