Cayetana Álvarez de Toledo puede estar tranquila ante las acciones judiciales que dice que prepara el padre de Pablo Iglesias. Y no solo porque la inmunidad parlamentaria le protege cuando utiliza la tribuna, sino porque sus peores detractores –que lo son del Partido Popular– dieron lugar a una doctrina que ilustra bien este caso. En efecto, el Tribunal Supremo condenó en su día a Arnaldo Otegui a un año de prisión por injurias a la Corona después de que Otegui dijera del rey don Juan Carlos que era “el jefe de los torturadores”. El Tribunal Constitucional confirmó la condena. Otegui recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en marzo de 2011 la Corte falló que calificar así al Jefe del Estado no era injurioso sino un ejercicio de libertad de expresión. Es más, el Tribunal de Estrasburgo fijó una indemnización de 20.000€ a favor de Otegui. Si calificar al Rey de “jefe de los torturadores” es un comentario simplemente molesto u hostil, como decía la sentencia del TEDH, recordar que alguien militó en una organización que practicó la violencia terrorista sería, pongamos por caso, un ejemplo del derecho a difundir libremente información veraz.
Además del caso concreto, la cuestión más amplia que suscita la presencia del vicepresidente segundo en las instituciones democráticas es su búsqueda constante de la provocación. Iglesias es un tipo crecido políticamente en la bronca y el escrache; sus modelos no pertenecen a la historia de la democracia parlamentaria sino a los que la han combatido. Como populista agresivo que es, no busca más que la quiebra social, el antagonismo y la demonización de sus adversarios para convertirlos en enemigos. Es la expresión de una práctica de asalto a la democracia y de desestabilización de sus instituciones representativas. Es el político chulesco que con los brazos en jarras interpela al PP acusándolo de promover la insubordinación de la Guardia Civil. Él, que ha recorrido las herriko tabernas rindiendo homenaje a ETA y a la denominada izquierda abertzale por ser los primeros en conjurarse para destruir el sistema democrático de la Constitución; él, que elogia a los golpistas catalanes como demócratas y se inventa una teoría conspiratoria contra la derecha.
Claro que, al fin y al cabo, Iglesias es vicepresidente de un Gobierno entre cuyos apoyos destacan los de un partido cuyo líder está condenado en firme por sedicioso y de otro partido que, además de no condenar un solo crimen de ETA, tiene por máximo dirigente a un condenado por terrorismo. Estos son hechos, no especulaciones ni descalificaciones. Estos los materiales con los que la izquierda ha construido su Frankenstein. Esta es la realidad sobre la que se asienta no se sabe si el poder o la debilidad de un partido –el socialista– que día tras día acumula una responsabilidad histórica en la degradación del sistema democrático.
