“No es momento de estar callado ante una situación críticamente existencial para España”

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El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha asegurado hoy que “no es el momento de estar callado” en una situación “críticamente existencial para España”. “Estamos discutiendo la amnistía y las posibles consultas de autodeterminación. No hay que hacer solo una apelación a la resistencia, no es cuestión solo de resistir, es cuestión de movilizarse”, ha subrayado, para añadir que no solo han de movilizarse “las energías cívicas de los españoles, sino también institucionalmente, es momento de que la oposición ejerza de oposición, de que las instancias jurídicas funcionen y de que cada uno de los que estamos aquí y los millones de españoles que pueden estar de acuerdo con nosotros cumplamos con nuestra obligación”.

Aznar ha hecho estas declaraciones en un coloquio organizado por Foro NEOS, que preside el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y moderado por el periodista Bieito Rubido, donde ha incidido en que la posible amnistía que reclaman los partidos independentistas catalanes para apoyar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no es un “acto de generosidad” como defiende el líder socialista, sino que “borra la pena y el delito”.  Para Aznar, se trata de un acto “en contra del sistema constitucional de España que destruye la Constitución”.

“Si olvidamos los delitos, estamos diciendo que el golpe de Estado tuvo su sentido, que estaba justificado, y estaremos condenando a los que se opusieron a él”, ha defendido el expresidente. “Lo que se pretende con todo esto es el cambio de régimen constitucional de España”, ha aseverado.

En su opinión, “el Partido Socialista no quiere llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular. Quiere hacer exactamente lo que está haciendo y además quiere cambiar el régimen constitucional de España”.

En cuanto a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pudiera frenar la amnistía, Aznar ha dicho que este órgano “es garante de la Constitución; no es un poder político y no puede decir lo que la Constitución no dice, y si lo hace rompe flagrantemente sus obligaciones”.