La democracia española recuperada en 1978 afronta un momento crítico. El partido de Pedro Sánchez ha accedido al poder haciendo concesiones a los secesionistas, abriendo con ello una crisis constitucional.
Las elecciones nacionales de julio provocaron una gran agitación en España, ya que ninguno de los principales partidos podía gobernar ni en solitario ni a través de una probable coalición. Esto convirtió a los partidos regionales en bloques clave a los que el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez ya ha cortejado en otras ocasiones. Durante los últimos cinco años, los socialistas han gobernado el país en coalición con Podemos, una fuerza populista de extrema izquierda. Entre los apoyos de los socialistas en el Parlamento se encuentra el partido Bildu, herederos políticos de la banda terrorista ETA.
Para asegurar una coalición de respaldo a Sánchez, los socialistas han hecho amplias concesiones al partido separatista catalán Junts a cambio de su apoyo. La alianza hace que los socialistas dependan de los votos de un grupo radical, liderado por Carles Puigdemont, que intentó orquestar la sedición de Cataluña en 2017. El Tribunal Supremo de España consideró que el esfuerzo fallido constituía un delito, ya que implicaba sedición y malversación. Puigdemont, entonces jefe del Gobierno regional catalán, huyó a Bélgica en 2017. En las elecciones europeas de 2019 obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo. En 2021, ese órgano votó a favor de retirarle la inmunidad parlamentaria, corriendo el riesgo con ello de ser extraditado a España y procesado. Pero el acuerdo con los socialistas borra ese escenario.
Accediendo a las condiciones de Puigdemont, los socialistas han comprometido la amnistía potencialmente a cientos de personas relacionadas directa o indirectamente con la fallida sedición de 2017. Los socialistas también han acordado establecer comisiones para revisar las decisiones judiciales que afectan a los separatistas procesados y una mediación internacional -como si Cataluña y España estuviesen en guerra-. Todo ello para asegurarse de que se cumplan las demandas de los secesionistas de amnistía, reconocimiento nacional de Cataluña y condonación de miles de millones de euros de deuda. No solo eso. Se contempla además la posibilidad de ejercer la autodeterminación interna de una parte de España, Cataluña, en clara vulneración de los principios constitucionales del país.
Los socialistas, a cambio del poder, han cruzado una línea que consideraban inviolable hace tres meses. Con la derogación de facto de la Constitución, España está al borde de la quiebra constitucional.
Todas las asociaciones españolas de jueces y fiscales, así como el Consejo General del Poder Judicial, que supervisa a los tribunales y jueces del país, han dado la voz de alarma de forma unánime. Apuntan al peligro que plantea para el estado de Derecho una amnistía inconstitucional -con el añadido de otras medidas contempladas en el pacto entre socialistas y secesionistas-. La Comisión Europea ha expresado su preocupación y planteado preguntas al Gobierno español sobre el acuerdo de amnistía.
El pacto impugna las bases históricas y políticas de la convivencia democrática en España. Pone en cuestión su condición de Estado de Derecho, y se compromete la idea de la alternancia en el poder, la igualdad ante la ley de los españoles, la separación de poderes y la independencia de la Justicia. Todo para tratar de asegurar en el cargo a un presidente del Gobierno que antepone su ambición personal a la estabilidad de la nación a la que sirve.
En España se ha firmado no un pacto, sino un acta de rendición al chantaje secesionista que, lejos de pacificar tensiones territoriales, las avivará. Son muchos los socialistas que han alzado la voz contra esta operación, que ven como un ataque a la democracia.
El Partido Socialista lleva a cabo la operación sin haber recibido mandato alguno de las urnas para emprenderla. La amnistía no existía en el programa electoral de los socialistas. Durante la campaña fue rechazada explícitamente por diversos dirigentes del partido y, tres días antes de la jornada electoral, por el propio Sánchez.
Sin embargo, España es más que su Gobierno. En España existe una sociedad civil organizada, credibilidad institucionalidad, y una voluntad decidida a no dejarse arrollar por ninguna pulsión liberticida.
Esa voluntad es indeclinable cuando toca defender, por la vía pacífica, nuestra democracia, los derechos de nuestros ciudadanos, y la independencia de nuestros jueces y tribunales.
José María Aznar. Expresidente del Gobierno de España. (Artículo publicado en The Wall Street Journal)
